Pedido para que plataformas paguen a medios por contenidos surge con fuerza en reunión de la Unesco en Uruguay
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa que la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) celebró en Montevideo, Uruguay, miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) participaron de una mesas de trabajo sobre “Viabilidad de los medios de comunicación en América Latina y el Caribe”, en la que se reclamó a las plataformas digitales que paguen “un precio razonable, justo y universal” por los contenidos periodísticos que distribuyen y monetizan.
Guillermo Scheck, presidente de la Asociación de Diarios y Periódicos de Uruguay, agradeció el reconocimiento de Naciones Unidas y Unesco de que la sostenibilidad económica de los medios es necesaria para la salud de la democracia y la convivencia de los pueblos. Agregó que en la “histórica declaración que firmaron asociaciones de prensa globales y regionales, los medios pidieron asignar prioridad a la cuestión vital del valor de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales, mientras que en la renovada Declaración de Windhoek +30, impulsada por la Unesco, se expresa preocupación por “la severa crisis económica que representa una amenaza existencial para medios…” haciendo hincapié en que “la sostenibilidad económica” es “un requisito previo clave para su independencia”.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que los cambios tecnológicos aumentaron el alcance de la prensa, pero también “han generado enormes disparidades económicas con las plataformas digitales globales, poniendo bajo enorme presión la viabilidad financiera de los medios”.
El titular de la SIP resaltó la importancia de que la Unesco haya reconocido a la sostenibilidad de los medios como factor indispensable para preservar su independencia, pidiendo a las compañías digitales que apoyen a los medios con acuerdos “de asociación inclusiva” y “medidas financieras”.
El mayor problema (para los medios) tiene que ver con la migración de los ingresos por publicidad absorbidos por las grandes plataformas digitales”, enfatizó Canahuati.
Agregó que los acuerdos directos entre plataformas y medios deben reconocer el derecho de autor de los contenidos. Estimó que otra vía es la adopción de políticas públicas, como en el caso de Australia y Canadá. Además, dijo que el periodismo “es un bien público del estado democrático”, y que los gobiernos no pueden evadir su responsabilidad de crear políticas públicas que garanticen la supervivencia de los medios. Explicó que esas políticas públicas deben transparentes, no discriminatorias y que no afecten la independencia de los medios”.
El presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Eugenio Sosa Mendoza, en relación a la búsqueda de medidas para que las plataformas paguen por los contenidos noticiosos, expresó que “es tiempo de pasar de la etapa del diagnóstico a la etapa de ejecución”.
“En América latina nos falta adoptar con mayor velocidad lo que se está dando en otras partes del mundo. No puede ser que los medios como la radio y la televisión sigamos estando regulados de forma más gravosa que las grandes plataformas. no puede ser que una gran plataforma no tenga todos los requisitos de regulación que un medio”, expresó Sosa Mendoza.
Marcelo Liberni, de Caracol TV, Colombia, señaló que ante la influencia de los algoritmos en el marketing digital “los medios hemos perdido relación directa con nuestras audiencias en manos de plataformas que deciden lo que se ve o no”.
Agregó que los algoritmos no están preparados para evitar las noticias falsas, sino para generar engagement, y que las personas se mantengan el mayor tiempo posible dentro de la plataforma, por lo que se mostró partidario de que se regulen no solo las cuestiones de negocios sino también el uso y abuso de los datos personales.
Por su parte, Danielle Coffey, de la News Media Alliance, de Estados Unidos, observó que durante la pandemia de coronavirus (COVID-19) los medios norteamericanos tuvieron mayor demanda de sus contenidos y las audiencias fueron mayores, demostrando que los consumidores quieren periodismo de calidad que solo los editores de noticias pueden brindar.
“Pero también Google y Facebook distribuyen nuestros contenidos. El 65% de los usuarios no dejan las plataformas y permanecen allí porque esas plataformas buscan mantener a los usuarios en sus sitios. Sin embargo, nosotros no recibimos compensación por los ingresos que ellas reciben”, dijo Coffey.
Agregó que está lista “una legislación que presentamos a nuestros gobernantes para incluir mecanismos de inclusión sobre estos beneficios, pero necesitamos lograr que la sociedad se interese por esta problemática para que se logre el objetivo de sostener al periodismo de calidad”.
Martha Ramos, presidenta de la Alianza de Medios de México, y directora nacional editorial de la Organización Editorial Mexicana, de México, afirmó que “hacer periodismo cuesta” y “los contenidos de los medios siguen siendo (para las plataformas) su mayor valor”.
Si queremos mantener un ejercicio como tal, es necesario ponerle un valor a nuestro trabajo”, dijo. Observó que “lo que estamos viendo en Canadá (legislación de arbitraje gubernamental que permite a los medios y plataformas negociar el precio de los contenidos periodísticos) es un gran paso, porque están poniendo reglas claras para todos”.
Juan Andrés Lerena, director ejecutivo de AIR que la radio y la televisión tienen una desventaja regulatoria y abogó por una adaptación de las regulaciones “para que se nos permita competir en igualdad de condiciones frente a todos estos nuevos medios”.
“Google y Facebook modificaron esos principios de la internet abierta para todos y hoy ejercen una posición de dominio que les permite controlar determinados segmentos en internet. Ellos aprovechan esos contenidos para desarrollar su actividad lucrativa. Ya no solo es una posición de dominio, hay un abuso de esa posición de dominio”, enfatizó Lerena.
Ana María Urrutia, otra ejecutiva de la AIR que actuó como moderadora de un panel, manifestó que “los medios de comunicación son el antídoto más eficaz contra el flagelo de la información y las noticias falsas. Somos generadores de contenido que son usados en las plataformas digitales que no reconocen una retribución justa por ellos”.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, expresó que el desarrollo de un periodismo de calidad “depende en buena medida de la existencia de medios de comunicación sólidos”.
La salud financiera, la independencia económica de un medio de comunicación son condiciones necesarias para ejercer la libertad de prensa”, añadió.
Recordó que la crisis del modelo de negocio de los medios se vio acelerada por la pandemia y los nuevos desarrollos tecnológicos, en especial con los grandes actores globales. Sin embargo, apuntó que buena parte de los gobiernos de las Américas aceleran el deterioro con medidas que asfixian al sector. “La intencionalidad política es evidente”, expresó.
“En una guerra del silencio, gobiernos como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan embestidas contra la libertad de prensa. En América Latina la batalla por la sostenibilidad no debe ser combatida solo con medidas económicas”, enfatizó Jornet.
Al respeto, convocó a hacer “un frente común contra la desertificación informativa”.
Jornet dijo que “la fragilidad de las empresas periodísticas las deja cada vez más expuestas a las presiones políticas y al acoso de los autócratas”.
Marcelo Bechara, de Grupo Globo, Brasil, recordó que el proyecto de ley de “fake news” en Brasil requirió de una discusión de dos años en el Congreso deferal.
“El proyecto de ley tiene tres pilares: la libertad de expresión, la transparencia de las naciones y la responsabilidad. Este es el espíritu del proyecto de ley. Limita el intercambio masivo de mensajes automatizados, regula las cuentas de las autoridades, fomenta la autorregulación de las empresas tecnológicas y crea informes cada seis meses”, observó.
Agregó que la publicidad y la remuneración de los contenidos periodísticos son puntos claves de la ley y reconoce la remuneración como un derecho de los periódicos.
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