Panamá rinde cuentas de las acciones para intentar salir de la lista gris de Gafi
Las políticas y acciones que presenta Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales presenta avances, pero no los necesarios, por lo que las autoridades responsables esperan una revisión ante este organismo en junio de 2022 para verificar si se ha alcanzado las metas pactadas de regulación y cumplimiento.
El país centroamericano viene luchando desde que fue incluido en 2014 en la lista gris del Gafi. Pudo salir en el 2016 pero fue nuevamente colocado en la lista en junio de 2019. El último llamado fue el pasado 4 de marzo, cuando se le concedió una prorroga para ejecutar los lineamientos que aún no han sido cumplidos.
En una nota del Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) detalla que en junio del 2019 la nación asume un compromiso político para cumplir con un plan de acción de 15 puntos, luego que fuera incluido en la Lista de Países no Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo, conocida como la Lista Gris del Gafi. En aquel entonces, se establecieron como fechas de cumplimiento de las 15 acciones, mayo y septiembre del 2020, mismas que fueron ampliadas a septiembre 2020 y febrero 2021, producto de la pandemia.
Con las fechas en contra y a pesar de enfrentar una interrupción producto del Covid-19, el país ha completado 8 de las 15 acciones, e igualmente ha presentado de forma continua avances significativos y tangibles en las 7 acciones restantes, incluyendo modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivos de análisis de riesgos, implementación de normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones, enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros aspectos.
Con relación a los análisis de riesgos desarrollados, mismos que han permitido completar satisfactoriamente las acciones relacionadas, se puede mencionar de 2019 a 2021 los siguientes: Con el apoyo del Banco Mundial (BM), se actualizó el capitulo V de la Evaluación Nacional de Riesgos, Financiación del Terrorismo; además se desarrollaron todos los análisis sectoriales de riesgos en lo sectores no financieros con sus correspondientes mitigantes.
Y se desarrolló el análisis de uso de efectivo en los sectores de riesgo identificados por el país y con el apoyo del Banco Mundial se completó la Evaluación Sectorial de Riesgos de Personas Jurídicas y fideicomisos, y sus estrategias de mitigación.
En materia de supervisión a los sujetos obligados, se recalcan lo siguientes avances: Se sancionó la Ley 129 de 2020, que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, y la Ley 254 de 2021, que modifica el marco normativo lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés).
También se implementó el registro único de beneficiarios finales; se realizó una actualización y verificación de la información de agentes residentes, personas jurídicas y beneficiarios finales; además se dio la suspensión del 52% del total de personas jurídicas, decreto ejecutivo 905 de 2019.
En materia de investigaciones, entre el periodo 2019-2021 el MEF indicó que han realizado 25 sanciones impuestas por los organismos de supervisión, dichas sanciones van de $5,000 a $5 millones. También han realizado 336 supervisiones con enfoque basado en riesgo y soporte tecnológico; han efectuado 845 supervisiones extra situ a sujetos obligados, representando un incremento de 372%.
Para el 2022 se proyectan más de 3,000 supervisiones a sujetos obligados no financieros.
Además, con la ley 123 del 31 de diciembre de 219 se adiciona un nuevo delito al código Penal: Articulo 253-A: quien realice de manera comercial el servicio de transferencia de dinero, ya sea través de sistemas de transferencias o transmisión de fondos, compensación de fondos y sin licencia de autoridad competente será sancionado de 5 a 8 años con prisión.
Además, la superintendencia de Sujetos No Financieros ha fortalecido la efectividad del proceso mediante la cooperación técnica de organismos internacionales, que incluye la culminación, actualización e implementación del Manual de Supervisión, el desarrollo de matrices de riesgos de supervisiones y la emisión de guías de orientación a los sujetos obligados con el objetivo de mejorar el cumplimiento,
Con relación a la correcta identificación y verificación de beneficiarios finales de personas jurídica, cabe resaltar: En el periodo 2019 al 2021 se han realizado 81 investigaciones abiertas, 34 investigaciones con predicado de riesgo nacional, 47 investigaciones con precedente extranjero, $56.976,506 millones de fondos aprehendidos provisionalmente y $29,827,916 millones decomisados, además de 102 personas imputadas y $45,864,746 millones aprendidos por delito de precedente extranjero,
La entidad indicó que aún queda trabajo por realizar y que para esto se ha fortalecido un equipo interinstitucional capacitado, y liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales se encuentran trabajando de la mano con países y organismos internacionales, con el propósito de ejecutar cada una de las recomendaciones por estos realizadas y así poder cumplir con las acciones restantes en el menor tiempo posible.
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